8 de septiembre de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.
Ante el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi 60,000 hondureños y nicaragüenses, migrantes en Estados Unidos han pedido “clemencia” al presidente Donald Trump. Este cambio los expone a la deportación, a pesar de que muchos han vivido en el país por más de 25 años. La hondureña Iris Aguilar, en Miami, pidió a Trump que no los olvide, destacando que han contribuido al país con su trabajo y esfuerzo.
Una docena de hondureños se reunió en la Pequeña Habana para alertar sobre lo que consideran una “verdadera tragedia humana”. Este lunes concluye el programa de protección que había estado vigente desde 1999 para Honduras y Nicaragua. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha justificado esta decisión, argumentando que ambos países “ya no cumplen con los criterios para la designación del TPS”.
El fin del TPS afectará de manera particular a los migrantes en Florida, un estado que concentra a una de cada tres personas beneficiarias en Estados Unidos. Florida también es el segundo estado con más hondureños, de los cuales más de 55,000 perderán ahora su protección contra la deportación. Lesly Mejía, una de las afectadas, expresó que a partir de la medianoche, perderían beneficios como el seguro médico y la licencia de conducir.
El DHS justificó su decisión señalando que concedieron el TPS a estas nacionalidades después del huracán Mitch en 1998, que dejó miles de muertos en Centroamérica. Sin embargo, ahora afirman que las condiciones en ambos países han mejorado y permiten un retorno seguro de sus ciudadanos. A pesar de esto, los migrantes, como Lesly Mejía, afirman que la situación, por el contrario, ha empeorado, con el establecimiento de una dictadura en Nicaragua y el crimen organizado en Honduras.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, advirtió que las deportaciones podrían agravar la situación económica de Honduras, donde más del 27 % del PIB proviene de las remesas. Flores sostuvo que el país no está preparado para recibir a los más de 55,000 hondureños y a los 60,000 niños, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, que se verían afectados.
Para evitar el fin del TPS, aún hay un proceso legal en curso en una corte en San Francisco, aunque la decisión no se espera hasta el 18 de noviembre. Esto deja a los hondureños en un limbo legal y con miedo, como en el caso del puertorriqueño Julio Marrero, cuya esposa hondureña tiene miedo de salir de su casa por temor a la deportación. El bloqueo de la orden de Trump para los inmigrantes de Venezuela y Haití añade más incertidumbre a la situación de los hondureños y nicaragüenses.
