10 de febrero de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.
Un informe reciente reveló que miles de personas han sido arrestadas en una instalación para familias migrantes situada en Texas. Según la investigación, más de la mitad de los recluidos son menores de edad, y se acusa a las autoridades federales de ignorar convenios judiciales previos al mantener a muchos niños encerrados por periodos superiores a las tres semanas permitidas.
El análisis detallado indica que cientos de menores han pasado más de un mes en este recinto, lo que supondría una falta grave a las normativas vigentes desde hace décadas que regulan el bienestar de los jóvenes migrantes. Estas reglas se establecieron con el fin de asegurar condiciones dignas y limitar el tiempo de confinamiento, algo que parece estarse incumpliendo bajo las políticas actuales de control fronterizo.
Dicho centro, localizado a cierta distancia de San Antonio, permaneció inactivo durante la administración previa, pero volvió a entrar en funcionamiento hace poco tiempo. Su reapertura es una pieza clave en la estrategia gubernamental para agilizar los procesos de detención y expulsión de extranjeros, a pesar de que el Ejecutivo intenta anular legalmente los límites de tiempo impuestos por los tribunales.
Los testimonios recopilados exponen las dificultades emocionales que enfrentan los menores dentro de la instalación. Diversos relatos describen un ambiente marcado por la desesperanza y problemas psicológicos severos. En casos específicos, jóvenes han manifestado sentir una tristeza profunda al estar separados de sus hermanos o familiares que ya residen legalmente en otras ciudades del país.
Además del impacto emocional, la investigación señala deficiencias en los servicios básicos como la alimentación y el cuidado médico. También se han registrado quejas sobre conductas inapropiadas por parte del personal de la empresa privada que gestiona el sitio. Estas condiciones han generado críticas no solo de sectores progresistas, sino también de algunos sectores conservadores que rechazan el encierro prolongado de núcleos familiares.
La situación llegó hasta el Congreso, donde altos funcionarios de migración fueron interrogados sobre las condiciones y la duración de estos arrestos. Durante las audiencias, los representantes legislativos criticaron duramente el uso de menores con fines políticos, mientras que los responsables de las agencias de control evitaron dar respuestas concretas sobre los casos específicos, limitándose a declarar que los procesos de reunión familiar se realizan bajo estándares humanitarios.
