16 de septiembre de 2025 – Lima – EFE.
Las protestas que bloquean la vía del tren a Machu Picchu han provocado al menos 17 heridos y han afectado a cerca de 1.500 turistas, según informó el gobernador de la región de Cusco, Werner Salcedo. El gobernador señaló que había solicitado una mesa de diálogo semanas antes, previendo este conflicto. Finalmente, se estableció una reunión con las autoridades locales para discutir la situación.
La reunión, que se lleva a cabo en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo abordar la problemática de las empresas de autobuses y la venta de boletos, así como la gestión integral del santuario de Machu Picchu. La crisis social que rodea a este lugar turístico ha generado un caos que ha obligado a la paralización del servicio ferroviario, el principal medio de transporte para los visitantes.
Como resultado del bloqueo, más de 1.300 turistas nacionales y extranjeros fueron evacuados a Ollantaytambo, mientras que otros 200 siguen varados en la zona. Su única opción para salir sería caminar varias horas por las vías del tren hasta un punto donde puedan ser recogidos por vehículos, debido a que el servicio de trenes se ha visto interrumpido por daños en la infraestructura.
El jefe de la Policía de Cusco, Julio César Becerra, informó que se había encontrado una “extraña excavación bajo los rieles”, lo que ha impedido el uso de los trenes para evacuar al último grupo de turistas. Esta situación de emergencia se suma a los enfrentamientos ocurridos el lunes entre la policía y los manifestantes, que dejaron diez heridos.
La empresa Ferrocarril Trasandino S.A., concesionaria de la vía férrea, había intentado evacuar a los pasajeros atrapados en Machu Picchu Pueblo. Sin embargo, los manifestantes impidieron la operación. La protesta está relacionada con la demanda de que los nuevos autobuses de la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy, cuya concesión ya venció, sean los que transporten a los turistas.
La flota anterior, de la empresa Consettur, que ha operado por 30 años, sigue en funcionamiento debido a que los nuevos autobuses no han podido ser trasladados. Los manifestantes exigen el retiro de los autobuses de Consettur y la llegada de la nueva flota, que debía haber empezado a operar el 5 de septiembre. La situación se complica aún más con el presunto sabotaje de los vagones destinados a transportar los nuevos autobuses, a los que les cortaron los cables de los frenos.
