19 de mayo de 2025 – Nueva York – EFE.
Un tribunal federal de apelaciones confirmó este lunes una orden que obliga a la administración del presidente Donald Trump a gestionar el regreso a Estados Unidos de un ciudadano venezolano que fue deportado erróneamente a una prisión de alta seguridad en El Salvador en marzo pasado. El hombre, de 20 años, tenía un caso de asilo aún pendiente y estaba protegido por leyes que resguardan a menores inmigrantes no acompañados.
En una votación dividida de 2 a 1, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito rechazó la petición del gobierno de bloquear una orden previa de un juez federal en Maryland, que exigía la repatriación del joven. Según la ley, al haber ingresado como menor no acompañado, no podía ser expulsado del país mientras su solicitud de asilo estuviera sin resolución.
Los jueces DeAndrea Benjamin y Roger Gregory coincidieron en que el argumento del gobierno era insostenible, al pretender aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros bajo la premisa de que los deportados eran miembros del grupo criminal Tren de Aragua, supuestamente con vínculos con el gobierno venezolano. Esta interpretación fue rechazada por los jueces, que la consideraron una amenaza al Estado de derecho.
El juez Gregory criticó directamente al Ejecutivo, señalando que una vez más intentaba ignorar las leyes constitucionales para avanzar en sus objetivos políticos. Enfatizó que los tribunales tienen la responsabilidad de proteger los principios fundamentales, incluso frente a políticas justificadas por razones de seguridad nacional.
A la par, el Tribunal Supremo de EE.UU. decidió recientemente mantener suspendido el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros como herramienta para deportaciones, mientras se resuelve una demanda en un tribunal inferior. Este fallo afecta directamente los intentos de la Administración Trump de justificar deportaciones masivas de venezolanos bajo esa normativa de 1897.
En uno de esos operativos, el 15 de marzo, 238 venezolanos y 23 salvadoreños fueron enviados al penal salvadoreño Cecot, señalados como pandilleros sin pruebas públicas. Entre ellos estaba Kilmar Ábrego García, quien vivía en Maryland, estaba casado con una ciudadana estadounidense y tenía una orden judicial que impedía su deportación. Posteriormente, el gobierno reconoció que su expulsión fue un error.
