5 de mayo de 2025 – Lima – EFE.
Un impactante video que muestra a 13 trabajadores de una mina de oro secuestrados, torturados y asesinados en un socavón en el norte de Perú ha puesto en evidencia la escalada de violencia ligada a la minería ilegal en el país. Este acto atroz refleja la creciente influencia de bandas criminales asociadas a esta actividad ilícita, que ya tiene graves consecuencias tanto sociales como ambientales.
Mientras la minería formal representa el 10 % del PIB de Perú y recibió inversiones por casi 5.000 millones de dólares en 2024, la minería ilegal también mueve cifras millonarias: se estima que genera hasta 3.000 millones al año. El alza en el precio del oro, sumado a la escasa presencia estatal en zonas clave, ha favorecido su expansión.
La minería ilegal se ha extendido por diversas regiones del país, desde la costa hasta la selva. En el sur, áreas como Puno y Madre de Dios han sufrido una devastación ambiental severa, incluyendo la destrucción de miles de hectáreas de selva. En el norte, la violencia se ha intensificado especialmente en Pataz, donde las bandas criminales dominan. Allí se encuentra la mina Poderosa, epicentro de enfrentamientos entre organizaciones ilegales que han dejado decenas de muertos, incluidos los 13 trabajadores recientemente asesinados.
El impacto social de esta actividad incluye explotación laboral y sexual, especialmente de mujeres y menores en los campamentos mineros. También genera conflictos con comunidades indígenas, corrupción entre autoridades locales y contaminación ambiental, particularmente por el uso de mercurio en la extracción de oro. Solo en Madre de Dios, se han perdido más de 100.000 hectáreas de bosque a causa de la minería ilegal.
Aunque el gobierno declaró en emergencia a Pataz para incrementar la presencia policial y militar, la falta de eficacia en las operaciones ha sido evidente. El operativo policial que coincidió con el secuestro de los trabajadores no logró evitar la tragedia. Expertos coinciden en que se necesita mayor inteligencia y estrategia para enfrentar a estas mafias, consideradas por muchos como una de las mayores amenazas a la seguridad nacional en décadas.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido una herramienta clave para regularizar a los mineros artesanales, pero también ha sido fuertemente cuestionado. Con apenas un pequeño porcentaje de mineros inscritos operando legalmente, las constantes ampliaciones del Reinfo han sido criticadas por facilitar la impunidad. La empresa Poderosa y otros actores han pedido una acción conjunta entre gobierno, sector privado y sociedad civil para detener esta cadena de violencia antes de que sus consecuencias sean irreversibles.
