17 de junio de 2025 – Buenos Aires – EFE.
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una reforma profunda de la Policía Federal Argentina (PFA), que incluye nuevas atribuciones para actuar sin necesidad de autorización judicial. A partir de un decreto oficial, la fuerza podrá llevar a cabo requisas y detenciones sin orden judicial y desarrollar acciones preventivas tanto en espacios públicos como en entornos digitales.
Según Milei, el objetivo principal de esta reforma es reorientar a la Policía Federal hacia la investigación criminal. El mandatario afirmó que se trata de una transformación de fondo para convertir a esta fuerza en un organismo más especializado en delitos complejos y en la lucha contra las organizaciones criminales, una misión que ahora será su tarea central.
El nuevo estatuto que regula el accionar de la Policía Federal detalla que se permitirá realizar requisas sin orden judicial bajo ciertas condiciones específicas. Estas incluyen la presunción razonable de que se ocultan elementos vinculados a un delito, la urgencia por riesgo de desaparición de pruebas, o si se trata de operativos en lugares públicos donde no sea factible esperar la intervención de un juez.
Además, se establece que las detenciones podrán llevarse a cabo sin orden judicial cuando existan fundamentos sólidos para sospechar que una persona ha cometido o esté por cometer un delito, y no pueda demostrar claramente su identidad. Estas medidas amplían el margen de acción directa por parte de los agentes policiales en determinadas situaciones.
También se otorga a la Policía la capacidad de actuar preventivamente en el ámbito digital sin requerir autorización judicial. Esto incluye la vigilancia de redes sociales abiertas, páginas web públicas y otras plataformas accesibles, en línea con criterios establecidos por las autoridades competentes en la materia.
Milei anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), con la intención de modernizar la fuerza inspirándose en modelos internacionales como el FBI y los sistemas de seguridad de Israel y Estados Unidos. Esta reforma fue oficializada en un contexto político complejo, marcado por la confirmación de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández y un renovado escenario de protestas y tensiones sociales.
