8 de julio de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.
El Gobierno de Donald Trump ha mantenido su ofensiva contra el Estatus de Protección Temporal (TPS), una política iniciada en su primer mandato. Aunque por ahora ha preservado el beneficio para El Salvador, un aliado clave en su política migratoria, esta protección no está garantizada a largo plazo. Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado la cancelación del TPS para más de 800.000 personas de Venezuela y Haití, y esta semana confirmó que cerca de 76.000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes también perderán ese estatus.
La eliminación del TPS deja a muchos inmigrantes vulnerables a la deportación y sin permiso para trabajar. Las autoridades estadounidenses sostienen que las condiciones en sus países de origen ya no justifican la continuidad del programa. Este beneficio se concede a personas que migraron debido a desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles residir y trabajar en Estados Unidos hasta que el Gobierno determine que es seguro regresar.
Durante su primer mandato, Trump intentó cancelar el TPS para seis países, lo que provocó demandas legales que finalmente bloquearon estas medidas. Si no hubiera sido por las resoluciones judiciales, más del 98 % de los beneficiarios de TPS en 2017 habrían perdido su estatus. Entre ellos, los salvadoreños constituyen uno de los grupos más numerosos y representativos.
Las polémicas declaraciones de Trump sobre El Salvador y Haití, calificándolos con términos ofensivos, fueron usadas por los demandantes para argumentar que el fin del TPS respondía a motivaciones racistas. En su regreso al poder, Trump ha criticado los avances de la administración Biden, que amplió las protecciones a varios grupos, incluyendo a venezolanos y salvadoreños, con TPS vigente para El Salvador hasta septiembre de 2026.
A pesar de la buena relación entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, la incertidumbre crece entre los inmigrantes protegidos por el programa. Activistas como Teresa Tejada advierten que la comunidad salvadoreña enfrenta dificultades por la falta de renovación de permisos y la confusión de empleadores y autoridades sobre el estatus migratorio de estas personas.
Los casos de detenciones recientes, como el de Rodolfo Villanueva Aguilar y su hijo, demuestran la vulnerabilidad de los beneficiarios del TPS. Mientras tanto, grupos que defienden a los inmigrantes llaman a la unidad para enfrentar los retos legales y sociales que surgen con la reducción o eliminación de estas protecciones, denunciando que atacar el TPS es un ataque a toda la comunidad que depende de él.
