15 de octubre de 2025 – Montevideo – EFE.
Uruguay legalizó la eutanasia activa este miércoles, sumando esta medida a una serie de leyes progresistas previamente sancionadas, como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario y la legislación que ampara los derechos de las personas trans. El proyecto de ley de Muerte Digna fue aprobado en la Cámara de Senadores, después de haber recibido la aprobación de la Cámara de Representantes en el mes de agosto.
Con esta acción legislativa, Uruguay se posiciona como el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia. Colombia fue pionero en el continente al despenalizarla en 1997 por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera aplicación legal se dio en 2015, y desde 2021 se permite el acceso a pacientes con dolencias graves no terminales. En América del Norte, Canadá había legalizado el procedimiento en 2016 tras una resolución del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional su penalización.
Otros países de la región también han avanzado en este tema, como Perú, donde una mujer con polimiositis se convirtió en la primera persona en recibir la eutanasia en 2024, luego de un fallo judicial de 2022. Ese mismo año, Ecuador despenalizó el procedimiento por orden de su Corte Constitucional y procedió a regularlo, siendo una mujer de Guayaquil la primera en acceder formalmente. El secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, destacó que con esta nueva ley, el país vuelve a ser “pionero en agenda de derechos”.
Las leyes previas que consolidan la agenda de derechos en Uruguay incluyen la aprobación del aborto hasta la semana doce de gestación en 2012, bajo la decisión de la mujer y supervisión estatal, siendo uno de los primeros países de la región en hacerlo. Al año siguiente, Uruguay se convirtió en el segundo país latinoamericano, después de Argentina, en regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, estableciendo la unión civil como la de “dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos”.
Posteriormente, en 2018, se sancionó la Ley Integral para Personas Trans, una normativa pionera en Latinoamérica que busca revertir la discriminación y garantizar derechos para esta población. El primer artículo de esta ley establece que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, incluyendo ser identificada plenamente con su nombre y sexo en los documentos, sin importar su sexo biológico o de asignación.
La legalización de la eutanasia en Uruguay contó con el apoyo de legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. El senador Ope Pasquet, quien había impulsado el proyecto, la calificó de “necesaria, liberal y humanitaria” porque busca aliviar el sufrimiento insoportable de personas con enfermedades incurables e irreversibles en fase terminal. El senador Daniel Borbonet enfatizó que se trata de un “derecho a decidir” que no impone conductas, sino que permite “transcurrir con dignidad el proceso final de la vida” sin que sea considerado un delito, garantizando este derecho a mayores de edad con capacidad psíquica y residencia legal en el país.
