17 de diciembre de 2025 – Tucson (EE.UU.) – EFE.
Las operaciones de control migratorio en Estados Unidos han generado una crisis profunda en comercios tradicionales como Taco Giro, una cadena de comida mexicana en Arizona que ha tenido que clausurar la mayoría de sus locales. Tras una intervención sorpresa por parte de agentes federales, la empresa sufrió el arresto de decenas de sus empleados y la confiscación de documentos operativos fundamentales. Esta situación ha dejado a la organización con apenas una fracción de su personal habitual, forzando un cierre indefinido que pone en riesgo años de esfuerzo empresarial en la región fronteriza.
El impacto de estas acciones no se limita a las detenciones inmediatas, ya que el miedo se ha extendido incluso entre aquellos trabajadores que cuentan con estatus legal. Muchos empleados temen que su presencia en el lugar de trabajo exponga a familiares indocumentados a futuras investigaciones o visitas domiciliarias por parte de las autoridades. Esta atmósfera de inseguridad dificulta enormemente la contratación y capacitación de nuevos cuadros, ya que la percepción de riesgo aleja a los candidatos potenciales y deja a los empresarios sin la mano de obra necesaria para mantener sus servicios básicos.
Las autoridades federales han justificado estos operativos alegando investigaciones prolongadas sobre prácticas de contratación irregular y otros delitos financieros, aunque los representantes de los negocios afectados niegan rotundamente tales acusaciones. Mientras tanto, la clientela habitual también ha comenzado a evitar los establecimientos por temor a verse involucrada en nuevos despliegues de fuerza. El resultado es un paisaje comercial desolador, con restaurantes prácticamente vacíos y una caída drástica en las ventas diarias que compromete la viabilidad de los locales que aún permanecen abiertos.
Otros comerciantes de la zona han relatado experiencias similares, señalando que las secuelas económicas perduran durante meses o incluso años. En algunos casos, aunque no se realicen arrestos masivos, el personal deja de asistir por miedo, obligando a las familias de los propietarios a asumir todas las tareas operativas. Además de la pérdida de ingresos, los negocios deben enfrentar costosos procesos legales y multas federales que amenazan con llevarlos a la quiebra. Para cumplir con las exigencias del gobierno, muchos se han visto forzados a invertir en programas de verificación migratoria y asesoría jurídica especializada.
Estudios recientes en grandes ciudades reflejan que este fenómeno afecta de manera desproporcionada a los empresarios hispanos, especialmente a quienes enfrentan barreras lingüísticas. Una gran parte de los encuestados reporta pérdidas que superan la mitad de sus ingresos anuales tras la ejecución de redadas en sus sectores. Esta inestabilidad económica no solo perjudica a los dueños de los locales, sino que genera un efecto dominó en las comunidades locales, donde la interrupción de la actividad comercial legal debilita la economía regional y reduce las oportunidades de empleo para todos los residentes.
Líderes locales han manifestado su preocupación, argumentando que este tipo de intervenciones violentas no contribuyen a la seguridad pública ni ayudan a controlar el costo de vida. Por el contrario, sostienen que estas tácticas intimidan a las personas basándose en prejuicios y perturban gravemente el flujo comercial legítimo. En un contexto donde el aumento de los precios y los alquileres ya presiona a las familias, el debilitamiento de las pequeñas empresas impulsado por operativos federales representa un daño colateral que afecta la estabilidad de toda la estructura social y económica de la comunidad.
