5 de marzo de 2025 – Ciudad de México – EFE.
A pesar de que el aborto es legal en más de 20 de los 32 estados de México, muchas mujeres y personas gestantes siguen enfrentando barreras que dificultan el acceso a un procedimiento seguro y oportuno. Este problema se vuelve aún más relevante en la víspera del Día Internacional de la Mujer, cuando se recuerda la lucha por la igualdad de derechos.
Diversas mujeres que han abortado, redes de acompañantes y organizaciones civiles han expresado que los plazos y las causales legales son insuficientes para garantizar este derecho. Estas limitaciones, lejos de facilitar el acceso, lo complican, afectando de manera directa a la mayoría de las mexicanas.
Por ejemplo, tras la despenalización en Michoacán en octubre pasado, Citlalli se vio obligada a viajar a la Ciudad de México para interrumpir un embarazo no deseado. A pesar de estar decidida desde el inicio, se enfrentó a múltiples obstáculos, como la desinformación y el estigma, lo que retrasó su acceso a un aborto seguro.
En su caso, a pesar de que en su localidad la interrupción legal del embarazo fue despenalizada, el tiempo y las restricciones hicieron que no pudiera acceder a un procedimiento adecuado. A los 22 semanas de gestación, finalmente pudo realizarse el aborto, aunque no sin dificultades.
Michoacán es uno de los estados que ha despenalizado el aborto, aunque con limitaciones de tiempo, generalmente hasta las 12 semanas. Sin embargo, algunas entidades como Sinaloa han ampliado este plazo a 13 semanas, mientras que Aguascalientes lo ha reducido a solo seis semanas, lo que representa una barrera para muchas mujeres.
Citlalli, como muchas otras, recibió apoyo económico y orientación de redes y colectivos locales que la dirigieron al Fondo María, de la ONG Balance. Gracias a este apoyo, pudo acceder a un aborto seguro. De no haber sido por esta ayuda, hubiera estado obligada a continuar con el embarazo o someterse a procedimientos inseguros.
Mientras algunas mujeres tienen acceso a estas redes de apoyo, muchas otras se enfrentan a la falta de recursos o la criminalización del aborto. A pesar de la sentencia de la Suprema Corte en 2021 que despenaliza el aborto en todo el país, muchas mexicanas siguen siendo vulnerables a procedimientos inseguros o forzadas a continuar con sus embarazos.
Ciudad de México, que abrió el camino en 2007, tiene clínicas que permiten el aborto libre hasta el primer trimestre. No obstante, a pesar de la legalidad, el estigma y la falta de capacitación médica siguen siendo un desafío, incluso en la capital del país. Algunas mujeres que han abortado en clínicas públicas han vivido situaciones de violencia institucional.
Gaby, quien abortó hace cinco años en una clínica pública, vivió una experiencia dolorosa. El personal médico intentó condicionarle el tratamiento y la ridiculizó por su decisión. A pesar de intentar denunciar, no recibió apoyo y el caso fue ignorado, lo que le dejó un profundo sentimiento de injusticia.
Este tipo de experiencias refuerzan la lucha de muchas mujeres por sus derechos. Gaby, al igual que otras, ha participado en marchas y protestas en contra del sistema patriarcal y la violencia institucional que enfrentan las mujeres al acceder a sus derechos reproductivos.
La eliminación del aborto del Código Penal es una de las demandas más fuertes del movimiento feminista en México. En noviembre pasado, el Congreso de la Ciudad de México estuvo a punto de eliminar los plazos establecidos para el acceso al aborto libre, lo que reflejó un avance significativo en la lucha feminista.
Sin embargo, muchas voces, como la de Gabriela Millán, del Fondo María, señalan que las 12 semanas no son suficientes, ya que existen muchas barreras que afectan desproporcionadamente a las personas en situación de vulnerabilidad. Estos obstáculos limitan aún más el acceso a un aborto seguro y a tiempo.
El debate sobre la ampliación de los plazos sigue siendo una cuestión legislativa pendiente. De acuerdo con Francisco Cué Martínez, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la lucha por cambiar las leyes está en su punto más alto, lo que representa una oportunidad para transformar el acceso al aborto en México.
El objetivo es lograr un cambio de paradigma en la legislación, que permita que el sistema de salud deje de estar condicionado por el Código Penal. Este cambio garantizaría un acceso más amplio y equitativo a servicios de salud básicos, como el aborto seguro, para todas las personas gestantes en el país.
