1 de julio de 2025 – Ciudad de Panamá – EFE.
El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, anunció que ya se ha iniciado la exportación del concentrado de cobre almacenado en una gran mina a cielo abierto. Esta mina, operada por la empresa canadiense First Quantum Minerals, fue suspendida desde noviembre de 2023 por una orden judicial. Navarro destacó la importancia de trasladar este concentrado, que es altamente tóxico, fuera del país para proteger el ambiente y la salud pública.
Navarro no ofreció detalles sobre los destinos de exportación del concentrado, aclarando que su ministerio solo se encarga de los aspectos ambientales relacionados con la operación. Por otro lado, el presidente panameño José Raúl Mulino había autorizado en marzo la exportación de aproximadamente 120.000 toneladas de concentrado y la importación de carbón para reactivar una planta termoeléctrica que contribuirá al suministro de energía nacional.
El 30 de mayo, el Ministerio de Comercio e Industrias ordenó a Minera Panamá, la filial de First Quantum que opera la mina, a ejecutar un plan de manejo seguro y preservación del yacimiento. Ese mismo día, la empresa canadiense anunció que financiaría estas actividades mediante la exportación del concentrado almacenado, un total de 121.000 toneladas métricas secas.
Este plan de preservación fue presentado en enero de 2024 al gobierno anterior, meses después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato de concesión de la mina, que representa una inversión oficial cercana a los 10.000 millones de dólares. La empresa minera es responsable de la ejecución y financiamiento de estas medidas, según explicó el ministro Julio Moltó.
La mina Cobre Panamá, con una extensión de casi 13.000 hectáreas, es la única explotación de cobre en el país y cuenta con reservas estimadas en 3.000 millones de toneladas. Su capacidad anual supera las 300.000 toneladas de cobre, junto con otros metales como oro, plata y molibdeno. El presidente Mulino ha expresado su interés en establecer una “asociación real” con la minera para reactivar el proyecto, que representa una parte significativa del PIB y empleo en Panamá.
Mientras tanto, grupos ambientalistas y organizaciones civiles insisten en que la mina debe permanecer cerrada por sus impactos negativos, mientras que trabajadores y sectores económicos demandan su reapertura. Por su parte, la minera canadiense ha suspendido procesos arbitrales millonarios contra el Estado panameño para facilitar las negociaciones sobre el futuro de la operación.
