9 de abril de 2025 – Guayaquil (Ecuador) – EFE.
Dentro de la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande y peligrosa de Ecuador, ubicada en Guayaquil, las autoridades enfrentan no solo el reto de contener la violencia entre bandas criminales, sino también la amenaza de enfermedades como la tuberculosis, que podría convertirse en epidemia debido al hacinamiento. En este centro, donde conviven más de 7.000 reclusos a pesar de tener capacidad para menos de 4.000, el ambiente es tenso y el riesgo sanitario va en aumento.
Las Fuerzas Armadas, encargadas de mantener el control, han intensificado su presencia para frenar posibles enfrentamientos entre presos. Desde 2021, las disputas entre bandas han dejado más de 300 muertos. Como parte de su estrategia, los militares están interviniendo los pabellones, realizando reparaciones y sellando huecos utilizados por los reclusos para esconder armas y explosivos.
Según el comandante de la Fuerza de Tarea en la penitenciaría, se están reforzando las estructuras de las celdas, colocando barrotes nuevos y cerrando las llamadas caletas, donde las bandas escondían objetos ilegales. Además, se están colocando planchas de acero en las puertas para evitar que los internos accedan a los candados y así mejorar la seguridad en los pabellones ya intervenidos.
Uno de los cambios más relevantes ha sido el cierre del conocido “callejón de la muerte”, un pasillo que conectaba los diferentes pabellones y que las bandas usaban para ingresar a zonas rivales y perpetrar ataques. También se están reubicando a los presos en pabellones distintos a los que ocupaban antes, lo que ha permitido descubrir armas ocultas y debilitar las estructuras delictivas dentro del penal.
A la par de estas medidas, el Ministerio de Salud realiza un censo para identificar casos de tuberculosis, tras la muerte de cuatro reclusos presuntamente infectados. Actualmente, hay más de 500 internos bajo tratamiento en el pabellón 7, que presenta un nivel de hacinamiento crítico. Ante esta situación, los militares han solicitado el traslado de los casos más graves a una prisión vecina para recibir atención médica adecuada.
El director del centro, Amado Muñoz, asegura que la situación está bajo control. Indicó que se han vacunado más de 500 internos contra la influenza para prevenir complicaciones respiratorias y que 20 personas han sido aisladas como medida preventiva. No obstante, las condiciones siguen siendo motivo de preocupación por parte de la comunidad y los familiares.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de los presos enfermos han denunciado una grave falta de atención médica. Karina Meneses, madre de un recluso con tuberculosis, denunció que lleva meses sin recibir información de su hijo ni poder entregarle medicamentos. Junto a otros familiares, protestó frente a la prisión exigiendo atención y respuestas, temiendo por la vida de sus seres queridos ante el avance de la enfermedad.
