17 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.
La polémica en México por el sacrificio de más de 10.000 perros callejeros ha generado un intenso debate nacional sobre el maltrato animal, la legalidad de estas prácticas y la responsabilidad de las autoridades. El caso salió a la luz tras declaraciones de una exfuncionaria municipal, lo que desató críticas de activistas, organizaciones y ciudadanos que exigen mayor transparencia y justicia en el manejo de fauna urbana.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Tecámac, donde durante varios años de administración se llevó a cabo la eutanasia de miles de animales en situación de calle. Según la propia exalcaldesa, las acciones se realizaron entre 2019 y 2024 como parte de una estrategia para atender problemas de salud pública y seguridad, argumentando que muchos de los perros representaban un riesgo o padecían enfermedades graves.
Sin embargo, la controversia aumentó tras la difusión de un video en redes sociales donde la exfuncionaria defiende estas decisiones, lo que provocó una fuerte reacción social. Activistas por los derechos de los animales cuestionan que las cifras podrían ser incluso mayores y denuncian posibles irregularidades en los procedimientos, incluyendo la falta de diagnósticos adecuados antes de sacrificar a los animales.
Ante la presión pública, la Fiscalía del Estado de México inició una investigación para determinar si hubo maltrato animal o violaciones a la normativa vigente. Este proceso podría derivar en sanciones legales, ya que en el país existen leyes que castigan la crueldad contra los animales, especialmente cuando involucra a funcionarios públicos o prácticas sistemáticas.
Por su parte, la exalcaldesa ha defendido que todas las acciones se realizaron conforme a la ley, señalando que la normativa mexicana permite el sacrificio de animales en casos específicos, como cuando existe sufrimiento extremo o riesgo para la población. Aun así, autoridades actuales han solicitado esclarecer los métodos utilizados, lo que mantiene el caso bajo escrutinio público.
Este caso ha reavivado el debate sobre el control de animales callejeros en México, un problema estructural ligado al abandono y la falta de políticas públicas eficaces. Mientras continúan las investigaciones, organizaciones civiles insisten en la necesidad de implementar alternativas como esterilización, adopción y programas de protección animal para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
