12 de mayo de 2026 – Ciudad de México – EFE.
La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, lideró un despliegue de seguridad en el municipio de Chilapa, Guerrero, con el objetivo de retirar bloqueos y asistir a las víctimas de la violencia rural. La funcionaria acudió acompañada por un fuerte contingente del Ejército y la Guardia Nacional tras reportarse una escalada de enfrentamientos en la zona. Esta movilización responde a la crisis de seguridad derivada de los conflictos territoriales entre los grupos delictivos conocidos como Los Ardillos y Los Tlacos, quienes mantienen en vilo a la población local.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que instruyó personalmente a la titular de Gobernación para coordinar las labores de rescate y pacificación. La mandataria enfatizó que la prioridad de su administración es salvaguardar la integridad de los civiles y evitar que las fuerzas federales se vean involucradas en enfrentamientos directos que pongan en riesgo a terceros. El operativo busca restablecer el orden en los poblados afectados, donde se habían reportado interrupciones en la circulación y riesgos para la vida de las familias.
El despliegue militar en la entidad sureña cuenta con la participación de 690 elementos del Ejército Mexicano, 400 efectivos de la Guardia Nacional y 200 agentes de la Policía Estatal, apoyados por más de cien vehículos oficiales. Las autoridades lograron facilitar el paso de los cuerpos de seguridad para tomar el control de los puntos críticos. Además de las labores de vigilancia, el personal gubernamental estableció contacto con 120 personas desplazadas, quienes recibieron suministros esenciales tras manifestar su voluntad de permanecer en sus comunidades de origen en lugar de ser enviadas a refugios.
En el marco de las acciones de mediación, representantes de la Secretaría de Gobernación entablaron diálogos con líderes locales para gestionar el ingreso de ayuda humanitaria y equipos médicos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aclaró que estas conversaciones se realizan con representantes de los habitantes y no con organizaciones criminales, buscando una salida pacífica a la disputa. Hasta el momento, las autoridades han reportado el traslado exitoso de seis personas heridas hacia distintos hospitales de la región para recibir atención especializada.
La intervención del Gobierno federal se produce después de que ciudadanos indígenas denunciaran, a través de redes sociales, ataques constantes con drones, armas de alto calibre y el incendio de viviendas. En videos difundidos por habitantes de localidades como Cula y Chicotal, se observa la desesperación de mujeres y niños que incluso solicitaron ayuda internacional ante la intensidad de las agresiones. Los testimonios denuncian que las familias han tenido que refugiarse en casas particulares para evitar ser alcanzadas por el fuego cruzado y las explosiones de los drones tácticos.
La zona de Chilapa, habitada mayoritariamente por comunidades nahuas, ha enfrentado históricamente problemas de desplazamiento forzado y ataques contra policías comunitarias. Aunque el Gobierno federal atribuye la situación actual a una pugna entre dos bandas rivales, el impacto social ha escalado debido a la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas. Con estas medidas, la administración actual busca frenar la crisis humanitaria en Guerrero y garantizar el libre tránsito en una de las regiones más conflictivas del sur del país.
