9 de julio de 2025 – Washington – EFE.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió mantener por el momento la suspensión de la ley SB 4-C de Florida, una normativa altamente controversial que busca criminalizar la entrada de inmigrantes indocumentados al estado, convirtiéndola en una ofensa estatal. Esta ley permitiría que las fuerzas del orden detengan a personas sin estatus migratorio regular que entren a Florida desde otros estados del país.
En una breve orden sin explicaciones detalladas, el Supremo rechazó la solicitud del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien había pedido anular el fallo de una corte inferior que pausó temporalmente la implementación de dicha ley. Esta decisión da continuidad al bloqueo inicial y limita, por ahora, la aplicación de medidas consideradas extremas contra la población inmigrante.
Organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que han estado al frente de la demanda, celebraron el fallo. Sostienen que refuerza el principio de que la gestión de la política migratoria corresponde exclusivamente al Gobierno federal y no a los estados. La directora ejecutiva de ACLU en Florida, Bacardi Jackson, destacó que nadie debe ser privado de su libertad sin garantías constitucionales como el debido proceso.
El fiscal estatal acudió a la Corte Suprema después de que la jueza Kathleen M. Williams declarara su desacato por no acatar una orden judicial emitida en abril que suspendía la aplicación de la ley. Aunque el Supremo no se pronunció sobre la legalidad del contenido de la normativa, la jueza Williams ya había indicado que, en su opinión, esta ley podría contravenir la Constitución.
La SB 4-C contempla la detención y encarcelamiento de personas que hayan entrado a Estados Unidos sin inspección, incluso si posteriormente obtuvieron un estatus migratorio legal y no han cometido otros delitos. Además, exige que estas personas permanezcan detenidas preventivamente sin consideración a sus circunstancias individuales, lo que ha sido fuertemente criticado por defensores de los derechos civiles.
El impacto de esta legislación va más allá de Florida, ya que otros estados gobernados por republicanos han intentado replicarla como parte de una ofensiva contra la inmigración irregular. Expertos como Paul R. Chavez han advertido que este tipo de leyes incrementan el riesgo de discriminación racial y dañan la relación entre las autoridades y las comunidades inmigrantes, afectando la seguridad pública general en un estado donde uno de cada cinco residentes es inmigrante.
