13 de mayo de 2025 – Nueva York – EFE.
La ciudad de Nueva York ha perdido el control administrativo de la cárcel de Rikers Island, una de las más peligrosas del país, luego de que una jueza federal determinara que se han violado sistemáticamente los derechos de los reclusos. La jueza Laura Taylor Swain, del Distrito Sur de Nueva York, anunció que se designará un síndico independiente para abordar los problemas estructurales del centro penitenciario.
La decisión se tomó debido al reiterado incumplimiento por parte de la ciudad de las órdenes judiciales, incluyendo un desacato declarado en noviembre pasado. El síndico que será nombrado no pertenecerá al gobierno municipal y tendrá autoridad para implementar todas las medidas necesarias para frenar las violaciones de derechos humanos en Rikers, donde este año ya han fallecido cinco reclusos.
Desde hace una década, Rikers Island ha estado bajo supervisión federal como parte del caso Núñez, en el que se denunciaban abusos y uso excesivo de la fuerza. Según la jueza Swain, los niveles actuales de violencia, autolesiones y muertes han empeorado en comparación con los de 2015, cuando se emitió el fallo inicial.
La demanda que dio origen al monitoreo federal fue presentada por Legal Aid y la firma Emery Celli en representación de los reclusos, alegando tratos crueles e inusuales y manipulación deliberada de los registros para encubrir abusos. Swain subrayó que, aunque los cambios necesarios no serán inmediatos, espera ver avances sostenidos en la reforma del sistema penitenciario.
Grupos defensores de los derechos de los presos celebraron la decisión judicial como un paso histórico hacia el fin de la violencia sistemática en las cárceles de Nueva York. Afirmaron que la falta de cumplimiento por parte del Departamento de Cárceles ha perpetuado una cultura de brutalidad, caos e ineficiencia.
Durante el mandato del exalcalde Bill de Blasio se había anunciado el cierre definitivo de Rikers para agosto de 2027, con la promesa de construir cárceles más pequeñas y humanas. Sin embargo, ese objetivo no se ha cumplido, lo que contribuye a la actual crisis que llevó a que el control del complejo penitenciario pasara a manos federales.
