9 de enero de 2026 – Washington – EFE.
Durante una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump ha extendido garantías de protección gubernamental a largo plazo para incentivar a las petroleras nacionales e internacionales a inyectar capital en Venezuela. El objetivo central de esta propuesta es que el sector privado aporte una suma multimillonaria de fondos propios para reconstruir la infraestructura energética del país sudamericano. Esta iniciativa surge como una estrategia para revitalizar la capacidad productiva de la nación caribeña, condicionando el flujo de dinero a la salida definitiva del poder de la administración anterior y el establecimiento de un nuevo orden político.
A pesar de las promesas de seguridad, la respuesta de los grandes ejecutivos del sector ha sido cautelosa, señalando que la inversión a gran escala depende de una transformación profunda del marco legal y comercial venezolano. Algunos directivos de empresas multinacionales enfatizaron que las estructuras vigentes actualmente no resultan atractivas para el capital extranjero y que se requieren reformas sustanciales para mitigar el riesgo de inestabilidad. No obstante, otras compañías que ya mantienen operaciones en la región se mostraron más optimistas, expresando su disposición para triplicar su producción actual de crudo en un periodo de tres años si las condiciones diplomáticas continúan abriéndose.
En el ámbito geopolítico, el gobierno de los Estados Unidos ha defendido su decisión de supervisar las ventas de hidrocarburos venezolanos como una medida preventiva para evitar que otras potencias mundiales tomen el control de esos recursos. Se ha invitado incluso a actores internacionales a adquirir el petróleo gestionado bajo este nuevo esquema, argumentando que la intervención de Washington garantiza que los beneficios se alineen con los intereses occidentales. Esta postura busca consolidar un control estratégico sobre el mercado energético regional frente a la influencia histórica de otros bloques económicos.
La situación interna de Venezuela también fue objeto de análisis, centrándose en el periodo de transición que atraviesa el país tras eventos políticos recientes que llevaron a una presidencia interina. El secretario de Estado detalló un plan de tres etapas que comienza con la estabilización nacional, sigue con una fase de recuperación económica y culmina con la normalización de las finanzas para que la riqueza beneficie a la población. Dentro de este esquema, se ha reconocido a las figuras actuales del gobierno provisional como colaboradores cercanos, mientras se evalúan las funciones que desempeñarán otros líderes opositores clave en el futuro cercano.
Respecto a la agenda diplomática, se confirmó una próxima visita oficial de la principal figura de la oposición venezolana a Washington para discutir su papel en el nuevo escenario político. Durante estas declaraciones, el presidente estadounidense aprovechó para resaltar lo que considera sus propios logros históricos, mencionando incluso su idoneidad para recibir reconocimientos internacionales de alto prestigio. Estas reuniones subrayan la intención de la Casa Blanca de ser el arquitecto principal de la reconstrucción venezolana y el árbitro de los liderazgos que surgirán en esta nueva etapa.
Finalmente, el discurso oficial vinculó la seguridad hemisférica con otras preocupaciones territoriales, como la situación de Groenlandia en el Ártico. El mandatario reiteró que no permitirá que potencias externas ocupen esa isla estratégica, justificando una posible intervención por la presencia detectada de naves de guerra extranjeras en la zona. De esta manera, se proyecta una política exterior que prioriza el control de territorios clave y recursos naturales, bajo la premisa de que la propiedad directa es la única garantía confiable para la defensa nacional y el mantenimiento de las alianzas internacionales.
