23 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.
Diversas agrupaciones dedicadas a la defensa de la vivienda en el territorio mexicano han manifestado su rechazo a la próxima celebración del campeonato mundial de fútbol. Según estos colectivos, el evento internacional servirá como un mecanismo para profundizar problemas sociales relacionados con el desplazamiento de comunidades y el encarecimiento de la vida urbana. Los activistas sostienen que la infraestructura necesaria para el torneo no beneficia a la población local, sino que fomenta intereses que afectan directamente a quienes habitan en la capital del país.
Durante un encuentro con medios de comunicación, representantes de organizaciones populares y asambleas universitarias explicaron que el torneo representa una amenaza para los residentes de las zonas aledañas a los recintos deportivos. Aseguran que la organización de esta competencia internacional, compartida con naciones del norte, es una herramienta que facilita la limpieza social y la marginación de los sectores más vulnerables. El argumento principal se centra en que el desarrollo de este tipo de espectáculos prioriza la imagen exterior sobre las necesidades básicas de la ciudadanía.
Una de las principales preocupaciones manifestadas por los portavoces es el impacto ambiental y económico que conlleva la preparación del certamen. Se denunció que el costo de los arrendamientos ha subido de forma desproporcionada en las zonas involucradas, dificultando que las familias con ingresos promedio puedan mantener sus hogares. Además, señalaron que el uso masivo de recursos vitales como el agua y la contaminación generada por las obras de remodelación están afectando el bienestar de los pueblos originarios y barrios populares.
Las protestas incluyeron la exhibición de lemas que vinculan el evento deportivo con intentos de ocultar problemas estructurales del país, como la violencia y la inestabilidad política. Los colectivos consideran que el torneo funciona como una cortina de humo para desviar la atención de décadas de conflictos internos y falta de justicia social. Para estos grupos, la llegada de miles de visitantes y la inversión extranjera no compensan el daño cultural y social que implica la destrucción del tejido comunitario tradicional.
En el ámbito político, los manifestantes señalaron a la administración actual por permitir que la ciudad se convierta en un escenario para la especulación financiera bajo el pretexto del deporte. Acusaron a las autoridades de ver en el mundial una oportunidad para acelerar proyectos urbanos que desplazan a los habitantes históricos de los barrios céntricos hacia las periferias. La preocupación radica en que las decisiones gubernamentales parecen favorecer a las grandes empresas constructoras y hoteleras por encima del derecho constitucional a una vivienda digna.
Finalmente, el manifiesto presentado ante el público exige garantías para que la ciudad no expulse a sus propios habitantes en favor de los turistas y la inversión privada. Los activistas hicieron un llamado a la reflexión sobre el costo real de albergar partidos de gran relevancia, como el encuentro inaugural previsto para junio en el Estadio Azteca. La intención de este boicot es generar conciencia sobre la necesidad de proteger los barrios de la especulación inmobiliaria y asegurar que el desarrollo urbano respete la identidad de quienes han construido la capital por generaciones.
