6 de mayo de 2025 – Washington – EFE.
Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en enero, los arrestos diarios de migrantes en la frontera sur han disminuido en un 93 %, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En marzo, se registró un número históricamente bajo de detenciones, con menos de 7.200 casos en todo el mes, lo que implicó días con menos de 200 arrestos, la cifra más baja registrada hasta ahora.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló ante el Congreso que esta notable reducción está estrechamente relacionada con el endurecimiento de las políticas migratorias implementadas tras la llegada de Trump al poder. El mandatario ha reiterado su intención de llevar a cabo una campaña de deportaciones masivas de personas indocumentadas.
Uno de los días más representativos de esta tendencia fue el 25 de febrero de 2025, cuando la Patrulla Fronteriza reportó menos de 160 encuentros con migrantes en la frontera suroeste con México. Además, en los tres primeros meses del año, los arrestos de menores no acompañados descendieron un 94 %, lo que muestra una caída drástica en este grupo vulnerable.
No solo la migración irregular ha disminuido: el tráfico de fentanilo en la frontera también se redujo significativamente. En marzo, se incautaron 105.000 kilos de esta droga y otras sustancias ilegales, y el tráfico cayó un 54 % respecto al mismo mes del año anterior, según información oficial.
En febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) contabilizó 8.347 encuentros con migrantes, lo que representa una reducción del 94 % en comparación con el año anterior y un descenso del 71 % respecto a enero. Incluso en los primeros 11 días del segundo mandato de Trump, se informó de una caída del 85 % en los cruces fronterizos con México.
Como parte de su política migratoria, Trump ha implementado medidas como militarizar la frontera, ordenar redadas en diversas ciudades y retirar beneficios a ciudadanos de ciertos países. Además, el DHS anunció que se ofrecerán hasta 1.000 dólares a los indocumentados que opten por la autodeportación voluntaria, así como asistencia para cubrir los costos de su retorno. A pesar de estas medidas, se estima que más de 11 millones de personas siguen viviendo sin estatus legal en el país, muchas de ellas integradas en la economía desde hace décadas.
