22 de enero de 2026 – San Antonio (EE.UU.) – EFE.
El consejo municipal de San Antonio analizó recientemente la profunda preocupación de sus habitantes ante el notable incremento de agentes de inmigración en las calles. Esta situación se deriva de las directrices más estrictas implementadas por la administración de Donald Trump, las cuales han intensificado la vigilancia en regiones con una amplia herencia cultural hispana.
A nivel nacional, diversas metrópolis han experimentado un repunte en las detenciones y despliegues tácticos desde el cambio de mando presidencial. Ciudades con administraciones demócratas han sido escenario de múltiples manifestaciones y fricciones entre los ciudadanos y las fuerzas del orden, evidenciando un rechazo generalizado a estas medidas de control fronterizo.
En la localidad de San Antonio, donde la mayoría de los residentes son de origen latino, se han organizado constantes protestas durante el último año para condenar las redadas masivas. Las autoridades locales convocaron a una reunión pública con el fin de clarificar cómo colabora la policía municipal con los organismos federales en este complejo panorama social.
La alcaldesa Gina Ortiz Jones admitió que la capacidad de respuesta del ayuntamiento es bastante restringida frente a las leyes nacionales vigentes. Según sus declaraciones, aunque se busca mantener un diálogo con las agencias correspondientes, la municipalidad debe acatar las normativas estatales que limitan considerablemente su autonomía en temas migratorios.
El jefe de la policía local explicó que sus acciones están dictadas por una ley estatal de 2017 que prohíbe las ciudades santuario y exige cooperación plena con las autoridades federales. Aclaró que su personal se limita principalmente a tareas de seguridad en el perímetro de los operativos y no participa directamente en los arrestos o ingresos a viviendas.
Mientras tanto, los testimonios de los vecinos reflejan un clima de inseguridad que afecta incluso a ciudadanos nacidos en el país debido a su apariencia física. Organizaciones comunitarias reportan que muchas familias están optando por no salir de sus hogares o evitar denuncias por temor a ser detenidas, lo que ha generado una crisis de confianza en los servicios públicos.
