13 de mayo de 2025 – Washington – EFE.
Grupos de derechos civiles han presentado una nueva demanda contra el estado de Oklahoma para evitar la implementación de una ley que prohibiría la entrada y permanencia de inmigrantes sin pruebas de su estatus legal, incluidos los solicitantes de asilo. La demanda argumenta que la ley HB 4156, aprobada el año pasado pero aún no en vigor, establece un sistema estatal para regular la inmigración, lo que socavaría el control federal sobre las leyes de inmigración.
Esta ley ya había sido impugnada en una demanda anterior, a la que se sumó el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Joe Biden. Un juez había bloqueado su implementación para el 1 de julio de 2024. Sin embargo, la Administración del presidente Donald Trump retiró la impugnación, ya que la ley estaba alineada con sus políticas de deportaciones masivas.
Debido al cambio de postura del gobierno estadounidense, los defensores de los derechos civiles, liderados por la ACLU de Oklahoma, se vieron obligados a presentar una nueva acción legal. Según Noor Zafar, abogada senior de la ACLU, cada día que esta ley entre en vigor pondría a los inmigrantes en Oklahoma en riesgo de arresto y expulsión del estado.
La HB 4156, firmada por el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, establece el delito de “ocupación inadmisible”, permitiendo que los residentes denuncien a personas sospechosas de estar en el estado ilegalmente basándose en “supuestas declaraciones”. Esta medida también otorga a las fuerzas del orden la capacidad de detener a las personas hasta que demuestren su derecho a residir en el país, lo que podría fomentar la discriminación racial, según la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Oklahoma City (LULAC-OKC).
La nueva normativa permite que los agentes de policía interroguen sobre el estatus migratorio durante interacciones de rutina, como paradas de tráfico o investigaciones, lo que ha generado preocupaciones sobre su impacto en las comunidades inmigrantes. Tamya Cox-Touré, directora ejecutiva de la ACLU de Oklahoma, ha calificado la ley como una de las más extremas jamás aprobadas por un estado en relación con la inmigración.
Con esta nueva demanda, los defensores de los derechos civiles han solicitado que el tribunal mantenga el bloqueo a la ley HB 4156 y evite que entre en vigor.
