15 de enero de 2026 – La Paz – EFE.
El poder ejecutivo boliviano ha formalizado una declaración de estado de excepción energética y social en respuesta a la profunda inestabilidad financiera que afecta a la nación. Esta determinación surge tras un periodo marcado por un incremento acelerado en el costo de vida y una notable carencia tanto de divisas extranjeras como de suministros de energía básicos. Ante este panorama, se han facultado disposiciones extraordinarias que buscan mitigar los efectos de la inflación y asegurar que los recursos esenciales lleguen a la población de manera ininterrumpida.
Uno de los pilares de esta nueva normativa es la autorización para que entidades privadas e individuos particulares puedan gestionar directamente la compra en el exterior y la distribución de derivados del petróleo. El objetivo central de esta apertura es reactivar la maquinaria productiva del país y restaurar el bienestar ciudadano mediante un mercado de combustibles más dinámico. No obstante, se establece como requisito que quienes participen en esta actividad posean la infraestructura logística necesaria para el acopio de los productos.
Debido a la severa insuficiencia en el inventario de carburantes, la administración ha decidido excluir temporalmente al diésel de la categoría de sustancias bajo control estatal estricto. Con esta simplificación administrativa se pretende facilitar que los sectores dedicados al transporte, la agricultura y la industria estratégica reciban el insumo de forma constante y sin demoras burocráticas. Se enfatiza que este conjunto de reformas posee una naturaleza transitoria y busca soluciones inmediatas ante la urgencia de la situación actual.
La implementación de estas medidas ocurre justo después de que se alcanzara un consenso con diversos movimientos sociales y organizaciones de trabajadores para finalizar una ola de protestas. Los acuerdos logrados permitieron modificar decretos previos que habían generado rechazo masivo, aunque se mantuvo firme la decisión de retirar los apoyos estatales al costo de los hidrocarburos. Este pacto social fue fundamental para levantar las restricciones de tránsito en las principales rutas del país que habían sido bloqueadas por manifestantes.
El esquema de precios recientemente ratificado implica un ajuste significativo en comparación con los valores que se mantuvieron congelados por más de dos décadas. El incremento porcentual es considerable tanto para los diferentes tipos de gasolina como para el gasoil, reflejando el nuevo costo de mercado sin la asistencia del tesoro público. A pesar del fuerte impacto económico que esto representa para el consumidor final, las autoridades sostienen que estos valores son necesarios para estabilizar las cuentas fiscales y garantizar la disponibilidad de los productos.
Finalmente, la normativa actual aclara ciertos puntos que habían generado desconfianza entre los líderes sindicales respecto a la propiedad de los activos nacionales. Se ha buscado despejar las dudas sobre posibles privatizaciones o la entrega de yacimientos a corporaciones transnacionales, centrándose exclusivamente en la gestión del abastecimiento energético. Con estas aclaraciones y el nuevo marco legal, el gobierno espera iniciar una fase de reconstrucción económica que permita superar el déficit actual y proyectar una mayor seguridad social para el futuro cercano.
