28 de abril de 2025 – San José – EFE.
El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa ejerciendo una política de represión contra diversas voces críticas, según el informe anual de Amnistía Internacional. El reporte señala que tanto opositores políticos como organizaciones no gubernamentales, la Iglesia católica, otros grupos religiosos y medios de comunicación independientes han sido blanco de hostigamiento, criminalización y acciones arbitrarias. Estas acciones forman parte de un patrón sistemático de silenciamiento impuesto por el régimen sandinista desde que retomó el poder en 2007.
Amnistía Internacional documenta que en 2024 se mantuvieron prácticas como la expulsión forzosa de ciudadanos, la privación de nacionalidad y detenciones sin garantías legales. Estas medidas han dejado a muchas personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, al margen de sus derechos fundamentales. A pesar de las múltiples denuncias, la impunidad sigue prevaleciendo y no hay señales de reparación o justicia para las víctimas.
Entre los casos destacados, se encuentra la expulsión de 16 miembros de la Iglesia católica, incluido el obispo Rolando Álvarez, quien estuvo más de un año en prisión antes de ser despojado de su nacionalidad. A este hecho se sumó la expulsión de otros 135 presos políticos a Guatemala en septiembre de 2024, muchos de ellos detenidos por más de dos años sin debido proceso judicial.
Desde el inicio de estas expulsiones en 2023, más de 400 personas han sido afectadas, quedando sin acceso a sus propiedades y enfrentando graves dificultades para rehacer sus vidas en otros países. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido por la ONU, advirtió que estas medidas no solo violan derechos fundamentales, sino que también generan un ambiente de miedo para quienes puedan expresar opiniones contrarias al Gobierno.
La represión también ha alcanzado con fuerza a los medios de comunicación. Amnistía Internacional reporta que el Gobierno de Ortega ha impuesto restricciones severas a la prensa independiente, con el fin de eliminar el acceso a información veraz. Entre 2018 y 2024, al menos 276 periodistas se vieron forzados a abandonar el país, y más de 50 medios sufrieron confiscaciones de bienes, asfixiando económicamente su funcionamiento.
Además, las autoridades nicaragüenses han endurecido el control sobre el contenido digital, exigiendo a las empresas de telecomunicaciones datos de los usuarios y limitando los contenidos disponibles en plataformas artísticas y culturales. En julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó ante la Corte IDH el caso del periodista Ángel Eduardo Gahona López, asesinado presuntamente por agentes estatales.
Por último, Amnistía Internacional alertó sobre el incremento de la violencia y el desplazamiento forzado de pueblos indígenas, afectados por ataques de colonos y grupos armados afines al Gobierno. En las elecciones regionales de marzo de 2024 en la costa Caribe, se impidió la participación de partidos indígenas tras la ilegalización de YATAMA y la detención de sus líderes, lo que representa un grave retroceso en la representación y los derechos políticos de estas comunidades.
