27 de febrero de 2026 – La Habana – EFE.
El Ministerio del Interior de Cuba ha revelado detalles impactantes sobre el reciente enfrentamiento naval ocurrido en sus aguas territoriales, donde una embarcación procedente de Florida fue interceptada. Según el informe oficial, la lancha transportaba un arsenal bélico considerable que incluía catorce fusiles de asalto y más de doce mil balas de diversos calibres. Las autoridades cubanas sostienen que este equipo militar estaba destinado a ejecutar actos de desestabilización y ataques contra instalaciones estratégicas dentro de la isla, lo que ha elevado la alerta de seguridad nacional.
Representantes de las Tropas Guardafronteras explicaron en una comparecencia televisiva que el armamento incautado es de estricto uso combativo, diseñado para operaciones de alto impacto. Durante el operativo se recuperaron fusiles AKM, rifles AM-15, pistolas y una gran cantidad de cargadores, además de pertrechos como chalecos antibalas y equipos de comunicación satelital. Los portavoces oficiales defendieron la respuesta armada de los agentes de seguridad, argumentando que actuaron en defensa propia ante una agresión inminente iniciada por los tripulantes de la lancha rápida.
La reconstrucción de los hechos indica que la travesía comenzó en las costas de Florida con dos embarcaciones, aunque una de ellas sufrió una falla mecánica y tuvo que ser abandonada en alta mar. Los diez ocupantes originales y toda la carga bélica se concentraron en una sola nave, la cual ingresó a territorio cubano con un exceso de peso superior a la tonelada y media. Esta situación facilitó la detección por parte de los radares y sistemas técnicos de vigilancia costera, que enviaron unidades de interceptación al identificar el objetivo naval sospechoso.
El tiroteo se produjo a una distancia extremadamente corta, aproximadamente a veinte metros entre ambas embarcaciones, resultando en múltiples impactos de bala en ambas estructuras. Como consecuencia del intercambio de fuego, cuatro personas perdieron la vida y siete resultaron heridas, entre ellas un oficial de la guardia fronteriza cubana. El gobierno de la isla enfatizó que mantuvo comunicación constante con las autoridades de Estados Unidos durante el desarrollo de la crisis, buscando gestionar el incidente bajo los canales diplomáticos correspondientes entre ambas naciones.
Desde el ámbito legal, la Fiscalía General de la República ha advertido que los delitos investigados conllevan sanciones severas debido a la gravedad de la presunta actividad terrorista. Las leyes vigentes en el país contemplan penas que van desde los diez años de cárcel hasta la cadena perpetua o incluso la pena de muerte para casos de esta naturaleza. Por ahora, los seis sobrevivientes que viajaban en la lancha se encuentran bajo custodia mientras avanzan las pesquisas iniciales para formalizar los cargos criminales y determinar su grado de responsabilidad.
Este suceso ocurre en un contexto de alta fricción política y económica, marcado por las restricciones energéticas y las tensiones diplomáticas entre La Habana y Washington. El decomiso de este arsenal, que incluía drones y uniformes militares completos, refuerza la narrativa oficial sobre las amenazas externas al orden público. Mientras los heridos reciben atención médica, las instituciones cubanas continúan recopilando pruebas sobre el origen del financiamiento y los planes logísticos de este grupo de residentes en el exterior que intentó ingresar de forma violenta al archipiélago.
