17 de junio de 2025 – Miami – EFE.
Una jueza federal en Estados Unidos declaró en desacato al fiscal general de Florida, James Uthmeier, por instruir a la policía a arrestar a inmigrantes indocumentados bajo la ley SB 4-C, a pesar de una orden judicial que suspendía su aplicación. La jueza Kathleen M. Williams determinó que Uthmeier violó una orden emitida el 18 de abril, que suspendía temporalmente esta controvertida legislación estatal.
La ley SB 4-C convierte en delito grave el ingreso de indocumentados a Florida, y su suspensión fue dictada tras una demanda que alegaba su inconstitucionalidad. Sin embargo, el fiscal envió una carta a agentes de policía indicando que la orden judicial no les aplicaba, lo que motivó una nueva acción legal por parte de organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida y la Asociación Campesina de Florida.
La jueza criticó duramente al fiscal por tergiversar el sentido claro de la orden judicial, recordando que el respeto al Estado de derecho no debe ser selectivo ni interpretado a conveniencia de las autoridades. También enfatizó que las órdenes judiciales deben cumplirse sin ambigüedades, especialmente cuando afectan los derechos fundamentales de personas vulnerables.
La ley suspendida había sido promovida por el gobernador Ron DeSantis y permitía arrestar y encarcelar a personas por entrar al estado sin inspección migratoria, incluso si luego regularizaban su estatus. También obligaba a mantener a los detenidos en prisión preventiva sin considerar sus condiciones individuales.
Como parte de la sanción, Uthmeier deberá presentar cada dos semanas, a partir del 1 de julio, un informe detallando cuántas personas han sido arrestadas bajo la ley SB 4-C. Además, deberá notificar de inmediato cualquier nuevo arresto vinculado a esta legislación.
Florida alberga a unos cinco millones de inmigrantes y ha adoptado políticas migratorias estrictas alineadas con la agenda del expresidente Donald Trump. Las leyes estatales aprobadas bajo la administración de DeSantis obligan a las autoridades locales a colaborar con las agencias federales de inmigración, intensificando la vigilancia y detención de personas sin documentos.
