14 de enero de 2026 – Lima – EFE.
Este miércoles, múltiples agrupaciones de transporte público en la capital peruana y la zona del Callao han suspendido sus actividades habituales. El propósito principal de esta movilización es demandar a las autoridades nacionales acciones más contundentes frente a la ola de inseguridad que golpea al sector. Los trabajadores denuncian ser víctimas constantes de redes de extorsión y actos violentos que ponen en riesgo su integridad física y la de los pasajeros.
Aunque la interrupción del servicio ha sido seguida de forma masiva en las zonas más habitadas del norte, sur y este de la ciudad, la jornada se desarrolla sin incidentes de violencia. En las calles se observa que algunos transportistas independientes y vehículos menores continúan operando para movilizar a la población, aunque aprovechando la situación para incrementar los precios de los pasajes. Por su parte, los sistemas de transporte masivo como el metro y los autobuses de tránsito rápido funcionan con una afluencia de público mucho mayor a la acostumbrada.
Los representantes de las empresas de transporte han manifestado su intención de detener la totalidad de sus unidades y realizar marchas pacíficas en puntos estratégicos de la metrópoli. Ante este escenario, la policía nacional ha movilizado a miles de efectivos para garantizar el orden y ha puesto a disposición vehículos oficiales para ayudar en el traslado de las personas afectadas. Las autoridades laborales también han intervenido sugiriendo el trabajo remoto y solicitando flexibilidad en los horarios de entrada a las oficinas.
Esta protesta constituye el primer gran paro del sector en lo que va del presente año, continuando una tendencia de reclamos que ya se habían manifestado con fuerza durante el periodo anterior. Los gremios insisten en que las bandas criminales exigen pagos ilegales para permitirles circular por ciertas rutas, amenazando con ataques directos si no se cumplen sus demandas. Existe un sentimiento generalizado de que las medidas excepcionales de seguridad implementadas recientemente no han logrado frenar el avance de la delincuencia organizada.
Las cifras presentadas por los voceros del transporte son alarmantes, señalando que decenas de trabajadores han perdido la vida en ataques armados durante los últimos meses. Incluso en las primeras semanas de este nuevo año ya se han registrado víctimas fatales vinculadas a este conflicto. Los conductores sienten que las políticas actuales son insuficientes para proteger sus vidas frente a grupos que actúan con total impunidad en diversos puntos de la red vial urbana.
El actual jefe de Estado ha mantenido encuentros con los líderes del gremio para escuchar sus preocupaciones y ha expresado cierta solidaridad con la causa de los transportistas. En sus declaraciones públicas, el mandatario reconoció la necesidad de un esfuerzo conjunto para erradicar las mafias y reducir los índices de criminalidad en el país. No obstante, los trabajadores esperan que estas palabras se traduzcan pronto en resultados concretos que les permitan volver a sus labores sin temor a represalias violentas.
