2 de marzo de 2026 – Tulcán (Ecuador) – EFE.
Cerca de ochocientos transportistas ecuatorianos se movilizaron este lunes en la ciudad de Tulcán para manifestar su inconformidad ante el incremento de los aranceles a productos colombianos. La medida establecida por el gobierno de Daniel Noboa elevó los gravámenes al cincuenta por ciento en el contexto de una creciente disputa comercial entre ambas naciones. Esta protesta refleja la tensión en la zona fronteriza y el impacto directo que las políticas económicas están teniendo sobre el sector logístico y de carga pesada en la provincia de Carchi.
La jornada de protesta se desarrolló mediante una extensa caravana de camiones que inició su recorrido en el municipio de Bolívar durante la mañana. Los vehículos avanzaron por la carretera Panamericana E35 haciendo sonar sus bocinas y portando pancartas hasta llegar al centro de Tulcán por la tarde. Esta movilización buscó visibilizar el malestar de los conductores y trabajadores que dependen del flujo comercial constante a través de la frontera norte de Ecuador, el cual se ha visto seriamente afectado en las últimas semanas.
Los manifestantes expresaron un rechazo contundente al aumento de la tasa impositiva que entró en vigor recientemente, señalando que el paso del treinta al cincuenta por ciento es insostenible para la economía local. Los gremios advierten que este incremento arancelario no solo perjudica a los transportistas, sino que genera un efecto dominó que encarece los productos y golpea el bolsillo de las familias que viven del intercambio mercantil. El sector espera que el diálogo con las autoridades nacionales permita encontrar una solución viable para evitar el colapso del comercio transfronterizo.
Representantes de los comerciantes locales han solicitado al Ejecutivo que revise el decreto actual para establecer porcentajes más manejables que permitan mantener la operatividad del sector. Si bien los trabajadores no se oponen a las estrategias de seguridad en la frontera, consideran que las medidas económicas aplicadas son excesivas y drásticas. La propuesta general se inclina hacia la búsqueda de un consenso entre los gobiernos de Ecuador y Colombia para estabilizar los costos de importación y exportación a través de un diálogo diplomático efectivo.
El origen de este conflicto comercial se remonta a principios de año cuando Ecuador implementó una tasa de seguridad a las importaciones desde Colombia, argumentando la necesidad de mayores controles contra el narcotráfico. En represalia, el gobierno colombiano aplicó gravámenes a diversos productos ecuatorianos, lo que derivó en la respuesta actual de elevar aún más los impuestos por parte de la administración de Noboa. Esta escalada de restricciones ha generado un ambiente de incertidumbre que frena las ventas y limita el tránsito legal de mercancías entre ambos territorios.
Además de los altos costos impositivos, los habitantes de la zona fronteriza denuncian el cierre de pasos vecinales estratégicos como los de Tufiño, Urbina y el Carmelo. La falta de acceso por estos puntos tradicionales complica aún más la situación de los pequeños comerciantes y minoristas que ven reducida su clientela habitual por temor a los controles estrictos o la falta de rutas habilitadas. La comunidad de Tulcán permanece a la expectativa de las resoluciones que puedan surgir de las mesas de trabajo con el Estado para reactivar la economía fronteriza.
