14 de enero de 2026 – Washington – EFE.
Los asesores principales en materia de seguridad del mandatario estadounidense se citaron recientemente con el fin de estructurar diversas alternativas de carácter bélico dirigidas hacia territorio iraní. Estas propuestas han sido diseñadas para que el jefe de Estado pueda tomar una determinación ejecutiva en el corto plazo, de acuerdo con filtraciones de personas vinculadas a dichas deliberaciones. La planificación surge en un momento de máxima tensión diplomática donde la Casa Blanca busca definir su siguiente movimiento estratégico.
En el diseño de estas posibles acciones han participado figuras clave del gabinete como el vicepresidente y el titular de la cartera de exteriores. Más allá del uso de la fuerza armada, el equipo de trabajo ha puesto sobre la mesa herramientas alternativas que incluyen el endurecimiento de los castigos financieros y el despliegue de operaciones en el espacio digital. Asimismo, se contempla la posibilidad de brindar un respaldo mucho más explícito a las manifestaciones civiles que actualmente se desarrollan en múltiples localidades de la nación persa.
Este incremento en la actividad de planificación militar sucede inmediatamente después de que la presidencia decidiera interrumpir cualquier tipo de comunicación con los representantes de Teherán. La orden de cancelar los encuentros oficiales ha paralizado incluso las gestiones que el emisario especial para la región mantenía con la diplomacia iraní. Esta ruptura total del diálogo marca un giro drástico en la relación bilateral, eliminando las vías tradicionales de negociación que se habían sostenido hasta hace poco tiempo.
La administración no ha descartado recurrir a las armas en caso de que las autoridades locales continúen utilizando métodos violentos contra la población civil que se manifiesta en las calles. El discurso oficial ha sugerido que el apoyo externo para los movimientos de protesta es inminente, vinculando la intervención extranjera con la protección de los derechos de los ciudadanos desarmados. Esta postura coloca el uso de la fuerza como una respuesta condicionada al comportamiento interno del régimen gobernante y su trato a la disidencia.
A pesar de la preparación de estos planes, existe un debate interno profundo dentro del círculo cercano al presidente sobre la conveniencia de ejecutar un bombardeo contra objetivos gubernamentales o de defensa. Algunos asesores advierten que una operación de este tipo conlleva peligros elevados, citando la posibilidad de cometer errores tácticos o basarse en información de inteligencia imprecisa. El recuerdo de ataques previos a instalaciones estratégicas sirve como punto de referencia para evaluar los posibles fallos de cálculo que podrían desencadenar consecuencias imprevistas.
Finalmente, hay sectores dentro del gobierno que muestran resistencia a una nueva implicación militar directa en los conflictos de esa zona del mundo. El argumento principal de este grupo es que una intervención de tal magnitud podría desestabilizar aún más el equilibrio regional y entraría en contradicción con las promesas electorales de priorizar los intereses internos. Este choque de visiones refleja la dificultad de equilibrar la proyección de poder internacional con la filosofía política que busca reducir el gasto y la presencia militar de la nación en el extranjero.
