13 de enero de 2026 – Miami (EE.UU.) – EFE.
Durante su primer año de regreso en la Casa Blanca, Donald Trump ha establecido un ritmo sin precedentes en materia de control fronterizo al implementar más de quinientas medidas específicas. Esta cifra ya sobrepasa el volumen total de acciones ejecutadas durante todo su cuatrienio anterior, resultando en la salida forzosa de cientos de miles de personas. Según informes recientes, el actual gobierno ha priorizado la emisión de decretos y cambios en las normativas para consolidar un sistema de expulsiones mucho más agresivo que el visto en años pasados.
El principal objetivo de esta estrategia ha sido frenar lo que la administración denomina una invasión en los límites territoriales y organizar un operativo de retorno masivo a gran escala. Aunque la meta declarada por el mandatario era alcanzar el millón de salidas anuales, las cifras reales de este periodo se mantuvieron ligeramente por debajo de ese número y de los registros máximos de la gestión previa. A pesar de esto, el impulso político por endurecer las reglas de residencia sigue siendo el eje central de la agenda oficial en este segundo periodo.
Las estadísticas de detención reflejan una actividad constante por parte de las agencias federales, con un promedio diario considerable de personas capturadas. Esto ha provocado que la ocupación en las instalaciones de custodia se duplique en comparación con los niveles iniciales de este mandato. Un dato relevante en este contexto es que una parte significativa de los arrestados no posee antecedentes penales graves, lo que indica que el enfoque de vigilancia se ha extendido hacia la población indocumentada en general y no solo hacia perfiles considerados peligrosos.
En la zona fronteriza con México, el despliegue de recursos económicos y militares ha logrado reducir drásticamente los encuentros mensuales con migrantes. La inversión de miles de millones de dólares y el envío de tropas han servido para blindar áreas estratégicas, permitiendo que el Gobierno redirija su atención hacia el interior del país. Esta militarización ha sido fundamental para que las autoridades federales cambien su foco de operación desde los límites internacionales hacia las comunidades residentes en diversos estados.
Un aspecto crítico de este nuevo ciclo es la eliminación de programas de protección humanitaria que beneficiaban a ciudadanos de múltiples naciones bajo el amparo de administraciones anteriores. Además de cancelar beneficios temporales, se ha buscado agilizar los procesos judiciales para evitar largas audiencias en las cortes, las cuales enfrentan una acumulación masiva de casos pendientes. Estas reformas pretenden facilitar la salida rápida de quienes no tienen un estatus legal definido, limitando sus posibilidades de defensa o asilo.
Para ampliar el alcance de estas medidas, el Gobierno federal ha fortalecido significativamente la colaboración con los cuerpos de seguridad locales y estatales. Mediante nuevos convenios, miles de oficiales de policía en diferentes jurisdicciones han sido capacitados para colaborar directamente en tareas de control migratorio. Con un presupuesto multimillonario recientemente aprobado, se espera que estas acciones se intensifiquen aún más, marcando apenas el inicio de una fase de aplicación de la ley mucho más profunda en todo el territorio nacional.
