14 de enero de 2026 – Washington – EFE.
El gobierno estadounidense liderado por Donald Trump ha tomado la determinación de paralizar la gestión de permisos de residencia permanente para individuos provenientes de setenta y cinco naciones distintas. Entre los estados afectados por esta nueva política se encuentran territorios de diversas regiones globales como Brasil, Colombia, Rusia e Irán. Aunque las autoridades no han difundido la lista completa de manera oficial, fuentes periodísticas han logrado identificar a gran parte de los países involucrados en esta restricción migratoria.
Dentro del continente americano, la medida impacta directamente a ciudadanos de naciones como Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de los casos mencionados anteriormente. En otras latitudes, el bloqueo administrativo alcanza a países como Egipto, Irak, Marruecos, Nigeria, Somalia, Tailandia y Yemen. Esta extensión geográfica demuestra un endurecimiento significativo en las políticas de admisión para quienes buscan establecerse de forma definitiva en el país norteamericano.
De acuerdo con la información disponible, esta interrupción en los trámites comenzará a finales del presente mes y no tiene una fecha de finalización programada. El propósito declarado de este cese temporal es permitir que el Departamento de Estado realice una revisión profunda de sus protocolos de control y seguridad. Durante este periodo de evaluación, el procesamiento de expedientes para nuevos inmigrantes quedará en pausa hasta que se dicten nuevas directrices desde la administración central.
Es importante diferenciar que esta restricción se aplica exclusivamente a las credenciales que otorgan la estancia legal permanente y no afecta a los viajeros temporales. Aquellas personas que necesiten ingresar a territorio estadounidense por motivos de ocio, formación académica o contratos laborales de corta duración podrán seguir solicitando sus permisos habituales sin cambios. El enfoque de la suspensión está dirigido estrictamente a quienes tienen la intención de mudarse y vivir indefinidamente en dicha nación.
La justificación ofrecida por los voceros gubernamentales se centra en la protección de los recursos del estado y el sistema de bienestar social. Se busca evitar que personas extranjeras se conviertan en una carga económica para el erario público al solicitar apoyos gubernamentales tras su llegada. Esta visión refuerza las instrucciones previas que ya se habían enviado a las oficinas consulares para ser más estrictos al evaluar la autonomía financiera de cada solicitante de entrada.
A partir de ahora, el personal encargado de las entrevistas y la revisión de documentos tendrá la potestad de denegar solicitudes basándose en perfiles socioeconómicos detallados. Se tomarán en cuenta elementos como el estado de salud, la edad del individuo, su capacidad para comunicarse en el idioma local y su solvencia económica general. Todos estos criterios servirán para determinar si el aspirante posee las herramientas necesarias para sostenerse por sí mismo sin depender de la asistencia social pública.
