20 de mayo de 2026 – Ciudad de México – EFE.
El Gobierno de México anunció la cancelación definitiva de un ambicioso complejo vacacional que pretendía desarrollarse en la región sureste del país. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que no otorgará los permisos necesarios para la construcción del proyecto Perfect Day en el estado de Quintana Roo. Esta determinación frena los planes de expansión de la industria de cruceros en una zona que destaca por su riqueza ecológica y vulnerabilidad ambiental.
La infraestructura proyectada contemplaba la edificación de un monumental parque acuático que abarcaría una extensión superior a las doscientas sesenta hectáreas en la localidad costera de Mahahual. Este destino se caracteriza actualmente por ser una comunidad pequeña dedicada principalmente a la actividad pesquera artesanal. La llegada de una obra de estas dimensiones alteraría por completo la dinámica social y económica de la población local.
La planificación del complejo turístico estimaba recibir un flujo masivo de hasta veinte mil cruceristas cada día en el muelle de la localidad. Esta proyección de visitantes desató de inmediato una intensa controversia entre especialistas en conservación por la extrema presión demográfica que sufriría el litoral sur quintanarroense. El volumen de turistas propuesto superaba la capacidad de carga y los servicios básicos del territorio costero.
El principal foco de preocupación radica en la ubicación geográfica seleccionada para la megaobra, la cual colinda directamente con el Sistema Arrecifal Mesoamericano. Este ecosistema marino representa la segunda barrera de coral con mayor longitud en todo el planeta y alberga una enorme biodiversidad. El desarrollo de actividades de construcción y el tránsito continuo de embarcaciones mayores ponían en peligro inminente la supervivencia de las estructuras coralinas.
Los portavoces de la política ecológica mexicana señalaron que la compañía naviera Royal Caribbean ha manifestado intenciones de retirar formalmente su propuesta de inversión. A pesar de esta postura empresarial, las autoridades federales enfatizaron que la postura institucional de rechazo es definitiva y no sufrirá modificaciones. La decisión gubernamental responde de forma directa a los análisis técnicos y a la defensa del patrimonio natural.
Diversas agrupaciones civiles y organizaciones no gubernamentales internacionales impulsaron campañas de concientización para advertir sobre los daños que la obra causaría en los manglares y humedales de la costa. Colectivos ambientales cuestionaron con severidad el estudio de impacto ambiental entregado por los desarrolladores del proyecto. Las críticas se fundamentaron en la falta de garantías reales para la preservación de especies protegidas como las tortugas marinas.
El rechazo institucional coincide con una movilización ciudadana global que reunió millones de firmas para exigir un debate público sobre el modelo de desarrollo turístico en el Caribe mexicano. Asimismo, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que la política nacional priorizará la protección de las selvas y costas sobre los intereses de los desarrollos turísticos a gran escala en áreas de alta sensibilidad ecológica.
