14 de enero de 2026 – Minneapolis – Agencias.
El dirigente de la nación Oglala Sioux ha emitido una exigencia formal para que se ponga en libertad a varios integrantes de su comunidad capturados recientemente. Los afectados fueron aprehendidos por oficiales de migración en un asentamiento de personas sin hogar ubicado en el estado de Minnesota. La presidencia de la tribu ha manifestado su rechazo ante este suceso, enviando comunicaciones oficiales a las entidades federales responsables de la seguridad fronteriza para resolver la situación legal de sus ciudadanos.
La autoridad tribal ha fundamentado su reclamo en la premisa legal de que los miembros de las naciones originarias no pueden ser considerados individuos extranjeros. Según su postura oficial, estos ciudadanos poseen la nacionalidad estadounidense por ley y pertenecen a la soberanía de su etnia por acuerdos históricos y tratados previos. Por lo tanto, argumentan que las instituciones de control migratorio carecen de autoridad jurisdiccional sobre ellos, calificando su detención en instalaciones federales como un acto improcedente.
Durante los esfuerzos por obtener información sobre los detenidos, la tribu reportó dificultades significativas con el Departamento de Seguridad Nacional. Se informó que la agencia federal se mostró renuente a compartir datos detallados sobre los hombres bajo custodia, limitándose a proporcionar únicamente sus nombres de pila. Además, se condicionó la entrega de mayor información a la firma de un convenio de colaboración con el servicio de inmigración, propuesta que fue rechazada tajantemente por el liderazgo indígena.
El lugar donde permanecen recluidos los afectados posee una carga histórica negativa para las poblaciones nativas de la región. Expertos en estudios indígenas señalan que dicho sitio fue originalmente un puesto militar utilizado para encarcelar a miembros de pueblos originarios durante conflictos bélicos en el siglo diecinueve. La utilización actual de estas instalaciones para detenciones por parte de agencias federales es vista por activistas y académicos como una prolongación de políticas históricas de hostilidad hacia los habitantes ancestrales del territorio.
Este incidente no es un hecho aislado, ya que se han registrado situaciones similares con ciudadanos de otras naciones como la Navaja o comunidades de Arizona en fechas recientes. En algunos casos, miembros de tribus reconocidas fueron retenidos bajo procesos de expulsión por supuestos errores administrativos o dudas sobre la autenticidad de sus documentos de identidad étnica. Estos eventos han generado una creciente preocupación sobre la capacitación de los agentes federales para identificar correctamente a los ciudadanos pertenecientes a comunidades nativas.
Ante este panorama de incertidumbre, diversas organizaciones de derechos humanos y agrupaciones indígenas han comenzado a implementar medidas preventivas en centros urbanos. Se han establecido jornadas para facilitar la obtención de credenciales de identificación tribal que permitan a las personas acreditar su estatus ante posibles encuentros con autoridades. Líderes de centros comunitarios locales subrayan la importancia de que sus miembros porten documentos oficiales en todo momento para evitar detenciones erróneas y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.
